Coloquialmente, la privatización se entiende como un
proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son
transferidas del sector público al privado, “traspasadas y/o tomadas” desde el
Estado o la comunidad hacia agentes económicos privados.
Esta política surge de el término Consenso de
Washington (1989) fue acuñado por el economista John Williamson, describía un
conjunto de diez formulas relativamente especificas, a las cuales el consideró
que constituían el paquete de reformas “estándar” para los países en
desarrollo, según las instituciones bajo la órbita de Washington D.C. como el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos.
Los puntos que el consenso marcaba son:
1.-Disciplina presupuestaria de los gobiernos.
2.-Reorientación del gasto gubernamental a las áreas
de educación y salud.
3.-Reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de
contribuyentes e impuestos moderados.
4.-Desregularización financiera y tasas de interés
libres de acuerdo al mercado.
5.-Tipo de cambio competitivo, regido por el mercado.
6.-Comercio libre entre naciones.
7.-Apertura a inversiones extranjeras directas.
8.-Privatización de empresas públicas.
9.-Desregularización de los mercados.
10.-Seguridad de los derechos de propiedad.
De lo anterior, con el punto 8 (privatización de
empresas públicas), se pretendía aliviar el presupuesto del gobierno a partir
de la privatización de empresas paraestatales, cuando este proceso estuviera en
marcha se liberarían una gran cantidad de recursos los cuales se destinarían a
áreas de carácter social; esta reforma se convirtió en un política fuertemente
impulsada por el Banco Mundial, y el FMI, como medida para impulsar el
crecimiento y combatir los problemas sociales de América Latina. Y el punto 6
(comercio libre entre naciones), es un proceso unilateral de reforma comercial,
los países podrían bajar sus barreras arancelarias (especialmente) no
arancelarias a las importaciones, abriendo sus economías a una mayor
competencia en las importaciones, y simultáneamente incrementan la cuota de las
exportaciones en su PIB (en paralelo, la participación de América Latina en el
comercio mundial también ha aumentado), permitiendo la libre circulación de
bienes a través de las fronteras conforme a las fuerzas de mercado.
Han derivado críticas, las cuales se
han enfocado principalmente en la liberación del comercio y la eliminación de
los subsidios y han sido particularmente enérgicas en el sector agrícola. Y en
naciones con importantes recursos naturales, se han centrado en la
privatización de las industrias que explotan estos recursos. Algunos autores críticos de la liberación del
comercio, como Noam Chomsky, Tariq Ali, Susan George y Naomi Klein, ve el
Consenso de Washington como una forma de abrir el mercado laboral de las
economías subdesarrolladas a la explotación por parte de compañías de economías
desarrolladas.
Para ilustrar el tema abordamos la privatización de
San Francisco Xochicuahutla; para contextualizar, el pasado 9 de julio se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) varios decretos
expropiatorios para abrir paso a la autopista Toluca-Naucalpan concesionada a
la empresa Autovan, filial del grupo Higa, afectando a la comunidad indígena
Otomí ñahto de San Francisco Xochicuahutla y su barrio La concepción, en Lerma,
Estado de México con 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común.
La
obra según el decreto expropiatorio y las declaraciones del mismo presidente de
la republica Lic. Enrique Peña Nieto, resulta un factor determinante para el
desarrollo económico y social para el Estado de México, y para la
consolidación, ampliación y modernización de la red de autopistas de altas
especificaciones que haga más segura, económica y confortable la interconexión
de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial, y en general, del
transporte de bienes y personas. La obra enlaza directamente con el Aeropuerto
Internacional de Toluca a toda la zona norte y noreste del área metropolitana
de la Ciudad de México, lo que significa una enorme aportación al desarrollo
socioeconómico de toda la región centro del país.
Los
pobladores de la zona, así como organizaciones especializadas afirman que
existen diversas irregularidades en el proceso de expropiación, tales como
manipulación y cooptación de la supuesta asamblea de comuneros por parte de la
empresa, abusos e intimidaciones por parte de las autoridades estatales, falta
de indemnización a propietarios, irregularidades en los estudios
medioambientales, violaciones a los acuerdos indígenas, etc.
Roland Barthes, en su libro S/Z (1969), aborda la
connotación en relación con los textos escribibles, o bien, la polisemia del
mensaje; debe existir un apreciador medio, aquel que sólo puede captar una cierta porción del mensaje,
poniéndolo en relación con el decreto expropiatorio, este “apreciador” son las
personas de la comunidad, no se les permite ver más allá de las “ventajas” que
supuestamente generará la creación de dicha autopista; ahora bien, connotación
tiene su contraparte, lo “denotativo”, aquel compuesto de un sistema de
símbolos y signos, relacionado a la interpretación de textos escribibles; es el
texto (decreto expropiatorio) como tal, en conjunto con el sistema de
significación que lo componen, es decir, el lenguaje y la sintaxis del mismo,
la connotación es el otro lado de la moneda, aquello que no es posible
observar, las irregularidades que trae consigo el propio texto en relación con
la situación, todas aquellas irregularidades.
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